Esta semana en Bruselas la Comisión Europea ha presentado, a bombo y platillo y ante una repleta sala de prensa, su inmenso paquete legislativo en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad, a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990.
Esta semana la Comisión Europea ha presentado en Bruselas las previsiones económicas intermedias del verano de 2021 de la Unión Europea. Las noticias son buenas por esperanzadoras: tras un primer trimestre en el que la actividad económica superó las expectativas y un segundo trimestre en el que la mejora de la situación sanitaria aceleró la relajación de las restricciones de control de la pandemia, se prevé una recuperación de la economía europea más rápida de lo esperado
Los ministros de Agricultura de la UE han aprobado la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el período 2023-2027. Se trata de la política comunitaria más longeva de la Unión y a la que se dedican alrededor de un tercio de los presupuestos de Bruselas.
Estamos reviviendo estos días una de esas «anormalidades» que sobrellevamos en Navarra como normales, y que en cualquier otra parte del Estado Español o de Europa sería escandaloso o al menos «anormal».
La única palabra que puede emplearse ante la última violación de derechos fundamentales del primer ministro húngaro, el ultraderechista, Viktor Orbán, la pronunció rotundamente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: vergüenza. La aprobación de una ley anti LGBTQI, con medidas tan retrógradas como prohibir hablar de homosexualidad en las escuelas, ha hecho saltar todas las alarmas entre los líderes europeos y en las instituciones de Bruselas.
Este pasado miércoles, la presidenta de la Comisión Europea viajaba a Madrid para comunicar la aprobación del plan de recuperación y resiliencia del Gobierno de España. Von der Leyen y Sánchez se fotografiaron sonrientes para dar fe de la luz verde de Bruselas a la llegada de las ayudas directas de la Unión Europea para que España salga de la crisis provocada por la pandemia y, además, lo haga haciendo posible los dos grandes ejes estratégicos europeos: la transición ecológica y la transformación digital. Se hará un primer desembolso de 9.000 millones de euros a los que se le añadirán 10.000 millones más a finales de año. España ha pedido 69.500 millones de euros, que se irán recibiendo a medida que el país vaya alcanzando los hitos y objetivos previstos. A cambio condiciones: tres reformas estructurales – laboral, pensiones y fiscal -.
La obra pública -carreteras, canales y grandes infraestructuras- ha representado históricamente avance y satisfacción para grandes necesidades en la sociedad. Al mismo tiempo ha supuesto una tentación para convertirse en iconos de gobernantes que querían dejar legados para la posteridad, a la vez que generación de empleo y riqueza para quien explotara de alguna manera la obra pública. Si las diferentes civilizaciones nos dejaron monumentos como los acueductos o las grandes vías de comunicación, en la sociedad democrática actual la construcción de infraestructuras exige no sólo inaugurar la obra, sino mantenerla y financiarla de una manera sostenible.
El lunes se celebra la primera cumbre UE-EE.UU. desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca. Su primera gira internacional es en Europa, con una primera parada en el Reino Unido para celebrar la cumbre del G7 y después, Bruselas con las Instituciones Europeas en un encuentro sobre el futuro digital y una cita clave posterior con los jefes de Gobierno de la OTAN.
La Comisión Europea ha presentado las conclusiones de primavera del Semestre europeo, el examen a que Bruselas somete a las economías de los 27. La primera decisión relevante es que se permite a los Estados miembros seguir incumpliendo los objetivos de déficit presupuestario y de deuda excesivos. Es decir, dadas las circunstancias de crisis generadas por la pandemia, pueden seguir empleándose las medidas keynesianas de impulso público del crecimiento.
El de la política lingüística es uno de los temas que, recurrentemente, provoca encendidos debates en el Parlamento Foral y en otras instituciones públicas de Navarra. Debates, en demasiadas ocasiones en términos gruesos, en los que a menudo se introducen elementos externos que distorsionan el diálogo y poco tienen que ver con el idioma. Y en los que se echan en falta tanto una intención didáctica como, sobre todo, una escucha profunda que realmente nos permitan la comprensión de las razones de “la otra parte”.
