Es evidente que, a base de crisis, los europeos hemos aprendido a estar más unidos y confiar más en la Unión Europea, como solución a los retos y desafíos crecientes a que se enfrenta el continente y el mundo. Así lo demuestra una vez más la encuesta del Eurobarómetro estándar de verano de 2022. Su resultado más destacado es el aumento de la confianza de los ciudadanos en la UE y un firme y constante apoyo a la respuesta de la Unión frente a la agresión rusa contra Ucrania. Una abrumadora mayoría de los ciudadanos de la UE apoya las inversiones en energías renovables y las medidas para reducir la dependencia de la UE de las fuentes de energía rusas. La tasa de aprobación del euro nunca ha sido tan alta. Pero, sin embargo, esta positiva realidad no es capaz de evitar el creciente pesimismo de los europeos, que están cada vez más preocupados por la situación económica en la UE y en su propio país.

En marzo de 2020 en plena pandemia del Covid-19, las instituciones europeas acordaron dejar en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, las reglas fiscales de control del gasto y déficit público en los Estados de la UE. Se trataba de permitir que pudieran reaccionar rápidamente y adoptar medidas de emergencia para mitigar el impacto económico y social de la crisis. La acción política coordinada amortiguó el golpe económico y preparó el camino para una sólida recuperación en 2021. Todo hacía pensar que en a finales de este año Bruselas volvería a la ortodoxia presupuestaria y los recortes acabarían con las alegrías expansivas de inversión pública. Sin embargo, Putin se ha encargado con su invasión de Ucrania de alargar el periodo de barra libre para las teorías keynesianas, que en esta ocasión pretenden esquivar el riesgo de estanflación – inflación sin crecimiento – y la consiguiente pérdida de empleo en los 27.

Se ha presentado el Eurobarómetro de invierno 2021/2022, la última encuesta realizada en los 27 Estados de la UE, que muestra resultados sobre las principales percepciones y preocupaciones de la ciudadanía a nivel europeo y nacional. En esta ocasión, se han abordado temas de gran relevancia para la actualidad europea como la gestión de la pandemia y la posterior recuperación económica, el impacto de la invasión en Ucrania o la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación y en las instituciones europeas. Un excelente termómetro del sentido de pertenencia e identidad de los europeos con la Unión y, todo un examen, país a país, del grado de satisfacción del proyecto de construcción europeo. El resultado en España es que una vez más, los españoles alcanzan un alto porcentaje de europeísmo, pues, el 81% se siente ciudadano europeo.

La última reunión del Eurogrupo sorprendió a propios y extraños por la presentación de una propuesta conjunta de armonización fiscal por parte de España y Países Bajos. Dos mujeres, la vicepresidenta y ministra de economía Nadia Calviño y su colega holandesa Sigrid Kaas, presentaban una iniciativa para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Toda una sorpresa teniendo en cuenta que durante los últimos años ambos países han protagonizado alguno de los choques más sonados en el Eurogrupo por su antagónica visión sobre la disciplina presupuestaria en la zona euro y la forma de encarar la salida a la crisis. Este giro de 180 grados en sus relaciones pretende lograr una reforma que permita establecer estrategias de consolidación específicas para cada país “realistas, graduales, pero ambiciosas”. En un contexto marcado por la respuesta a la pandemia y a la guerra de Ucrania, la presentación de este documento conjunto subraya la necesidad de encontrar consensos en la UE.

Europa se ha propuesto cambiar el modelo de producción y consumo como único método viable para alcanzar la descarbonización y ganar la batalla contra el cambio climático. La fórmula no es otra que la llamada Economía Circular. Pero para ello, es evidente que la pieza clave somos las personas, de ahí que la Comisión Europea haya propuesto actualizar las normas de la UE en materia de protección de los consumidores a fin de capacitarlos para dicha transición ecológica. Las normas actualizadas garantizarán que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y respetuosas con el medio ambiente cuando compren productos. Los consumidores tendrán derecho a saber durante cuánto tiempo está previsto que dure un producto y, en su caso, cómo puede repararse. Además, las normas reforzarán la protección de los consumidores frente a declaraciones medioambientales poco fiables o falsas, ya que se prohibirá el “blanqueo ecológico” y las prácticas que les inducen a error sobre la durabilidad de los productos.